Se aprobó una polémica reforma tributaria: ¿Modernización o promoción de una "bicicleta financiera"?

En un tramo de la sesión extraordinaria marcada por un corto pero no menos encendido debate, la Legislatura provincial, presidida por Miguel Acevedo, aprobó el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo que modifica el artículo 33 de la Ley 6970 de Administración Financiera, permitiendo el pago de impuestos provinciales con tarjeta de crédito y extendiendo el plazo para el ingreso de fondos al Tesoro de 7 a 20 días hábiles. La iniciativa, promovida como un paso hacia la modernización del sistema recaudador, desató fuertes críticas desde un sector de la oposición, que alertó sobre la creación de una “bicicleta financiera” y la apertura de una brecha para posibles fraudes digitales.

El legislador oficialista Carlos Gallia (presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda) fue el encargado de defender el proyecto, argumentando que la reforma responde a la necesidad de alinear los sistemas de recaudación con las nuevas tecnologías y modalidades de pago. “La normativa actual no está alineada con las nuevas tecnologías y modalidades de pago utilizadas en el mercado, lo que genera ineficiencias en el ingreso de fondos a las arcas públicas. La reforma es necesaria para garantizar un procedimiento de recaudación más ágil y eficiente”, afirmó Gallia en su intervención. Según el parlamentario, la propuesta introduce dos cambios fundamentales: la extensión del plazo para el ingreso de fondos al Tesoro de 7 a 20 días hábiles y la posibilidad de cancelar impuestos provinciales mediante tarjeta de crédito. “Los beneficios son claros: para la administración pública, agilidad y eficiencia; para el contribuyente, comodidad y flexibilidad al ofrecer una alternativa de pago moderna, accesible y conveniente”, subrayó.

Sin embargo, la oposición no escatimó críticas. La legisladora Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán - foto inferior-), en un discurso cargado de indignación, calificó la reforma como un “retroceso enorme” en materia de transparencia. “Hacía mención con la Ley de fomento a las inversiones de que estábamos dando un paso adelante en la transparencia, y ahora tengo que decir que damos diez pasos para atrás”, sentenció. Elías de Pérez cuestionó la extensión del plazo de ingreso de fondos al Tesoro, recordando que el artículo 32 de la norma en cuestión establece un plazo de 48 horas para los depósitos de rentas provinciales, mientras que el artículo 33 permite, de manera excepcional, hasta 7 días hábiles. “Ninguna provincia argentina tiene estos plazos de 20 días hábiles. Es una barbaridad. Y es mentira que esto sea necesario para pagar con tarjeta de crédito, porque ya se cobra con tarjeta mediante una cuenta puente que transfiere los fondos en el momento de la cobranza”, explicó. La referente radical fue más allá al advertir sobre los riesgos de la reforma: “Lo que están proponiendo es una 'ley de la cadena', una hermosa bicicleta financiera. Se le da discrecionalidad al Ejecutivo para que los fondos recaudados ingresen recién a los 20 días hábiles. No cuentan con mi voto”, sentenció.

Por su parte, la legisladora Raquel Nievas (Trabajando por Tucumán) adoptó una postura más matizada, reconociendo ciertos aspectos positivos de la reforma, pero expresando serias reservas. “Coincido en algunos aspectos con la legisladora Elías de Pérez. Darle más tiempo al contribuyente en esta crisis económica nacional puede ser positivo, pero se visibilizan estigmas de vulnerabilidad tecnológica y de seguridad digital”, afirmó. Nievas alertó sobre los riesgos asociados al uso de sistemas digitales como Pago Fácil, Rapipago o Mercado Pago, que podrían facilitar fraudes digitales. “Podríamos estar abriendo una puerta a los fraudes digitales, que es un problema importante. Tendríamos que estar atentos, con auditorías y un proceso de control estricto, aplicando un sistema convalidado de trazabilidad digital con inteligencia artificial para evitar estos fraudes”, propuso.

La aprobación de la ley, por amplia mayoría, en este contexto, no solo modifica un aspecto técnico de la administración financiera, sino que abre un nuevo capítulo de controversias sobre la gestión de los recursos provinciales en un escenario de creciente digitalización y demandas de mayor control.